Ley Segunda Oportunidad

Llega el perdón de
todas las deudas.

      Acepto la política de privacidad.

      Ventajas y desventajas de la Ley de la Segunda Oportunidad

      Ventajas

      • Solamente con acogerte a la Ley de la Segunda Oportunidad, se paralizan todos los intereses.
      • Iniciado el proceso de la Ley de la Segunda Oportunidad, se paralizan todos los procesos judiciales.
      • En el proceso de la Ley de la Segunda oportunidad se pueden levantar todos los embargos.
      • Iniciado el proceso de la Ley de la Segunda Oportunidad, no se pueden formular reclamaciones extrajudiciales o judiciales.
      • Durante el proceso no debes pagar ninguna deuda.
      • Cabe la posibilidad de poder conseguir hasta el 50% del perdón de la deuda personal, conservando propiedades.
      • Gracias a la Ley de la Segunda oportunidad, se puede perdonar gran parte de la deuda con la Hacienda Pública. a partir del 2021 puede llegar a perdonarse toda esta deuda en aplicación de la legislación europea.
      • Gracias a la Ley de la Segunda oportunidad, se puede perdonar gran parte de la deuda con la Seguridad Social. A partir del año 2021 se puede perdonar toda esta deuda.
      • Se garantizan los ingresos necesarios para la subsistencia de la persona o negocio.
      • Te pueden perdonar toda o gran parte de la deuda.
      • Puedes continuar trabajando mientras dura el proceso.
      • Tras el proceso, concedido el perdón de la deuda, te eliminan de los registros de morosidad.
      • Puedes volver a pedir préstamos en condiciones razonables tras conseguir el perdón de la deuda.
      • El coste del proceso en la práctica totalidad de los casos, es muy inferior a la de la deuda perdonada.
      • En el 99 % de los casos en los que se cumplen los requisitos para la obtención del BEPI, se consigue el perdón total de la deuda.
      • Tras el proceso puedes volver a tener propiedades y a pedir préstamos en mejores condiciones.
      • El perdón de la deuda se extiende al cónyuge que, aunque no se haya acogido a la Ley de la 2ª Oportunidad, esté en régimen de gananciales.

      Desventajas

      • Puedes perder los bienes de tu propiedad (si su valor supera la deuda) a cambio del perdón total de la deuda.
      • Te pueden inscribir temporalmente en registros de morosidad.
      • Durante el proceso de la Ley de la Segunda Oportunidad, existe un control de los ingresos y gastos.
      • Si te has acogido a la Ley de la 2ª Oportunidad, no te puedes volver a acoger hasta transcurridos 10 años.

      Preguntas y respuestas
      Ley de la Segunda Oportunidad.

      Acogerse a la Ley de la segunda oportunidad.

       

      La Ley de la 2ª Oportunidad está pensada para personas naturales, familias y profesionales autónomos. La cantidad total de las deudas como máximo puede ser de cinco millones de euros (5.000.000 de euros). Anteriormente, sólo las  empresas se podían acoger al privilegio de pedir la el perdón de sus deudas.
       
      Esta Ley, ayuda a particulares, familias o autónomos que no puedan hacer frente a sus obligaciones financieras. Se pueden beneficiar del perdón parcial o incluso total de sus deudas. Por fin una solución legal para poder empezar de cero.

      ¿Cuánto cuesta?

       
      Nuestro cometido, como abogados al servicio del deudor, es hacer que la contratación de nuestros servicios no sea un gasto más, sino una inversión. Porque nos interesa poder dar soluciones que aporten mucho más beneficio que cargas. Somos conscientes de las dificultades financieras por las que pasan nuestros clientes. 
       
      Nuestras soluciones pasan por adaptar nuestros honorarios y modalidades de pago a la realidad de nuestros clientes. Así nuestros clientes pueden recibir la ayuda que necesitan.
       

      Durante el proceso de la Ley de la Segunda Oportunidad, el deudor no puede ni debe pagar a sus acreedores. Se paralizarán los intereses y no se podrán interponer procedimientos judiciales contra él. Así, la Ley facilita al deudor el pago de los honorarios de su abogado, del notario y los aranceles del mediador o administrador concursal. Solamente hay que afrontar los gastos mínimos necesarios para obtener los beneficios previstos por esta Ley.

      Es necesaria la contratación de un abogado especializado en deudas para la tramitación de todo el proceso. La Ley ofrece múltiples soluciones y privilegios al deudor. Estas ventajas no sirven de nada si no se pide consejo profesional para poder aprovechar de la mejor forma posible estas ayudas. 

      ¿Como empiezo con las ayudas?

       
      Inicialmente, el deudor, a través de sus abogados, deberá intentar alcanzar un acuerdo amistoso con sus acreedores. El plazo para alcanzar dicho acuerdo es de 2 meses. En este proceso, el deudor estará permanentemente acompañado por profesionales que velarán por sus intereses, evitando que se produzcan situaciones de abuso.
       
      Se trata de lograr un acuerdo global con todos sus acreedores que sea realmente viable y le permita vivir con dignidad. Especialmente se evitará empeorar las condiciones de pago de las deudas, aplicando al deudor comisiones o intereses abusivos.

      Perdón total de deudas.

       
      Se puede conseguir el perdón de todas las deudas. También de aquellas vinculadas a un bien como la hipotecaria o el vehículo.
       
      Sin embargo, en relación a la deuda con la Administración (Hacienda, Seguridad Social...), el perdón no es total sino parcial. En estos casos se puede conseguir el perdón de hasta el 70% de los intereses y de las sanciones. Eso representa en la mayoría de los casos una parte muy grande de la deuda, pudiendo el deudor pagar el resto a plazos. A partir de mediados del año 2021, la deuda con la Administración podría perdonarse en su integridad.
       

      La deuda relativa a la pensión de alimentos de los hijos, necesaria para su sustento, no se puede perdonar.

      Aquí es donde la Ley aporta los principales beneficios para el deudor. Por ese motivo, a los prestamistas les conviene alcanzar un acuerdo de pago justo y viable. Dicho acuerdo, puede implicar el perdón de hasta el 99% de las deudas y el pago a plazos del resto hasta en 10 años. De no lograrse un acuerdo en estos términos, las consecuencias que prevé la Ley de la Segunda Oportunidad, son el posible perdón de toda la deuda.

      A menos que haya un acuerdo amistoso, el perdón de toda la deuda, implica la cesión de todas las propiedades. Sin embargo, pueden darse excepciones si las propiedades son necesarias para el desarrollo de la actividad profesional. Ese bien o propiedad debe tener también un valor representativo para tener que venderse, ya que de no ser así, carecería de sentido su venta. Por ejemplo, el fruto de la venta de las herramientas de un carpintero, sería siempre inferior al fruto que el mismo carpintero podría obtener si se le permite conservarlas para poder pagar sus deudas trabajando.
       
      Otra cuestión, es la vivienda habitual, un derecho constitucional que merece y recibe una atención especial por parte de la jurisprudencia.
       

      En relación a la vivienda habitual, existe jurisprudencia que permite conservar la propiedad siempre que, entre otros requisitos, el valor del inmueble sea inferior o equivalente al de la deuda hipotecaria. La liquidación de la vivienda habitual dentro del concurso, acarrearía que no se llegase a pagar la deuda hipotecaria, donde de existir un sobrante, incrementaría la deuda. Además se deja al deudor sin una vivienda, derecho protegido por el artículo 24 de la Constitución Española. El propio acreedor privilegiado no vería satisfecho el pago de su deuda, y dificultaría el pago de los restos de acreedores.

       

      De este modo, la satisfacción de los acreedores como finalidad genérica, es la finalidad esencial del concurso es la satisfacción concursal de los acreedores del deudor común. El deudor, en virtud del principio de responsabilidad universal, ha de satisfacer las deudas contraídas con sus bienes presentes y futuros (arts. 1911 CC y 192 LC). Cuando entra en un estado de crisis económica general y no puede responder ante la pluralidad de sus acreedores, se establece legalmente un proceso especial. Se trata de un mecanismo de reparto de pérdidas, desde la perspectiva de los titulares de créditos contra el insolvente, y un procedimiento pensado para la realización de su patrimonio. El concurso es, pues, un instrumento diseñado para que se haga efectiva la «función de responsabilidad» del patrimonio de un deudor común, o, lo que es igual, el intento por satisfacer a los acreedores en la mayor medida posible. Es lo que se ha llamado autorizadamente la «función solutoria» del concurso de acreedores.

       

      La naturaleza de vivienda que constituye el domicilio particular de la concursada, persona física, supone una afección a fines particulares. Por ello se persigue el mantenimiento del contrato de préstamo hipotecario, que permite pasar de exigir el crédito con privilegio especial con cargo al bien o garantía, a ser satisfecho con cargo a la masa, en la forma y términos del contrato de préstamo hipotecario que sigue en vigor ya que se ha velado durante todo el procedimiento concursal para evitar su vencimiento.

       

      Ya han sido varios los Juzgados Mercantiles que han remarcado el derecho de los españoles a una vivienda digna y adecuada. Se considera que los poderes públicos están obligados a hacer efectivo tal derecho. Es el principio constitucional que debe orientar la práctica judicial (art. 53.3 de la Constitución). Los requisitos que normalmente se exigen son:

       

      1.- Que sea la vivienda habitual.

       

      2.- Que este al día del pago la hipoteca.

       

      3- Que el valor de la casa sea inferior a la cantidad que le queda pendiente de pagar de hipoteca.

      Fundamentalmente son dos:
       
      - Que el deudor ya no tenga dinero ni activos de suficiente valor como para afrontar sus deudas.
       
      - Que dicho deudor haya demostrado obrar de buena fe.

      No. Una vez terminado el proceso y obtenido el perdón de la deuda, ésta se extingue y por tanto no se debería permanecer en registros de morosidad.
       

      Solamente existe la incripción del beneficiado por la Ley en un registro público concursal durante el plazo de 5 años, transcurridos los cuales, se borran los datos de dicho registro.

       

      Tal y como dicta la ley, al registro podrán tener acceso solamente "las personas que tengan interés legítimo en averiguar la situación del deudor (...), así como las Administraciones Públicas y órganos jurisdiccionales habilitados legalmente para recabar la información necesaria para el ejercicio de sus funciones". Es decir, la lista podrá ser consultada por tres tipos de agentes sociales:

       

      Las Administraciones Públicas, los bancos (ante una petición de crédito, por ejemplo) o los posibles clientes y proveedores.

      Sí, el propósito de la Ley es garantizar la continuidad de los negocios y la subsistencia de las personas, por lo que el deudor puede continuar trabajando normalmente, ya sea por cuenta propia o ajena.
       
      Únicamente durante el plazo que dura el proceso, el mediador o administrador concursal, tutelará la situación económica del deudor. Se establece para ello un control de su actividad económica y financiera, así como la asignación de los recursos necesarios para su subsistencia, hasta la terminación del proceso.

      No, mientras dura el proceso de la Ley de la segunda Oportunidad, puede dejar de pagar sin ningún problema todas sus deudas. De hecho, no solamente puede dejar de pagar sus deudas o sus cuotas, sino que está prohibido por Ley hacerlo, por lo que los acreedores no podrán reclamarle cantidad alguna al estar protegido por la Ley.

      No, durante el proceso de la Ley de la segunda Oportunidad, al estar obligado a dejar de pagar por Ley todas sus deudas, todos los intereses (tanto los remuneratorios como los moratorios) quedarán paralizados. Tampoco se aplicarán durante la vigencia del proceso. Al no poderse generar intereses durante el proceso de la Ley de la Segunda oportunidad, por idéntica razón, no se podrán reclamar los intereses tras el proceso de la Ley de la segunda oportunidad.

      Sí, nada impide que te concedan más crédito una vez hayas conseguido el perdón total o parcial de tu deuda. De hecho, al no constar ya en registros de morosidad ni en el CIRBE del Banco de España la deuda perdonada, ya no existe ningún perfil de riesgo al no haber deuda acumulada. Por ello, el acceso al crédito no solamente será más fácil sino también debería ser más barato y con buenas condiciones de intereses al no existir ya un riesgo de impago derivado de deuda acumulada.

      Depende. Si se trata de un régimen económico matrimonial de gananciales, el perdón de la deuda conseguido por el concursado a través de la Ley de la Segunda Oportunidad, se puede extender al cónyuge o pareja que no se haya acogido a la Ley de la Segunda Oportunidad. De esta forma, ambos se benefician del perdón de la deuda.
       

       

       

      Sin embargo, si se trata de un régimen económico matrimonial de separación de bienes, el cónyuge que no se ha acogido a la Ley de la Segunda Oportunidad, continuará debiendo su parte de la deuda, que en el caso de ser solidaria, sería el total de la misma, incluyendo la cantidad perdonada al cónyuge que se ha acogido a la Ley de la Segunda Oportunidad.

      Preguntas y respuestas
      Ley de la Segunda Oportunidad y Divorcio.

      Gestión de deudas en divorcio.

       
      Hay que distinguir primeramente, cuál de los cónyuges es el titular de las deudas contraídas. Puede que las deudas correspondan solamente a uno de los cónyuges o a ambos a la vez. También cabe la posibilidad, de que la deuda sea por mitades iguales o solidaria, es decir, que el acreedor pueda reclamar la totalidad de la deuda a cualquiera de los cónyuges, independientemente de que el cónyuge que se haya hecho cargo de la misma, le reclame posteriormente la parte que le correspondía pagar al otro.
       
      El hecho de que uno de los cónyuges haya solicitado un préstamo de forma individual, sin contar con el otro durante el matrimonio, no implica necesariamente que la deuda sea solamente de quien ha solicitado el crédito, dependiendo del uso que se le dé al dinero obtenido, podría entenderse que la deuda es de los dos cónyuges.

      Bienes y propiedades en divorcio.
       
      El régimen económico matrimonial que se tiene o se ha tenido durante el matrimonio, es fundamental es fundamental a la hora de acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. En el régimen de gananciales, todos los bienes adquiridos a partir del matrimonio, se presumen propiedad de ambos cónyuges por mitades iguales. Por el contrario, en el régimen de separación de bienes, cada cual es propietario de los bienes que adquiere, antes y durante el matrimonio.
       
      En tal sentido, el perdón de la deuda conseguido por uno de los cónyuges en sociedad de gananciales, también se extenderá y beneficiará al otro cónyuge que no se haya acogido a la Ley de la Segunda Oportunidad, incluso aunque se haya tramitado el divorcio y se haya disuelto el matrimonio con la comunidad de bienes, siempre y cuando no se haya liquidado todavía la misma, es decir, no se haya producido todavía el reparto de los bienes de la sociedad conyugal disuelta. Por otro lado, en el caso de tratarse de un régimen económico matrimonial de separación de bienes, el perdón de la deuda no se extendería al otro cónyuge y por tanto no correría la misma suerte exoneratoria.
       
      Durante el proceso de la Ley de la Segunda Oportunidad, si se pretende el perdón total de la deuda, los bienes propiedad del cónyuge que ha solicitado acogerse a este proceso, deberán liquidarse, vendiéndose para hacer frente al pago de las deudas con el fruto de la venta. Si esos bienes son comunes, es decir, de ambos cónyuges, del proceso de divorcio puede resultar un previo reparto de los mismos que afecte a una eventual liquidación en la Ley de la Segunda Oportunidad. Así lo prevé la Ley cuando establece que el cónyuge del concursado tendrá derecho a solicitar del juez del concurso la disolución de la sociedad o comunidad conyugal cuando se hubieran incluido en el inventario de la masa activa bienes gananciales o comunes que deban responder de las obligaciones del concursado.

      Pensión de alimentos.
       
      La pensión de alimentos deber respetarse en la Ley de la Segunda Oportunidad. De hecho, es uno de las pocas deudas que debe pagarse y sobre las que no es de aplicación el límite de embargabilidad. De esta forma, los alimentos de los hijos están protegidos por encima del derecho al perdón del deudor.
      Cuestión distinta es si estos alimentos se fijan de mutuo acuerdo, sobredimensionando las cantidades para eludir el pago de otros acreedores o para distraer bienes en beneficio de otros miembros de la unidad familiar. El juzgado puede llegar a examinar la conveniencia de dichos acuerdos en beneficio del resto de acreedores.

      ¿Perjudica a mi ex-pareja?
       
      Según qué casos, puede que la ex pareja salga perjudicada si te acoges a la Ley de la Segunda Oportunidad para el perdón de la deuda. Veamos en qué supuestos eso puede ocurrir.
       
      Deudas solidarias. En caso de tener deudas solidarias con la ex pareja, cuando a uno de los dos se le concede el perdón de la deuda a través de la Ley de la Segunda Oportunidad, el acreedor puede entonces reclamar toda la deuda pendiente al otro cónyuge deudor solidario. Por ello, a pesar de que a uno de los dos le hayan perdonado su deuda, ello no se hace extensible al otro, quien deberá hacerse cargo de toda la deuda al ser solidaria. Cuestión distinta y sin duda controvertida, sería la capacidad de quien ha pagado toda la deuda, para repetir contra su ex la parte correspondiente que ha pagado de más. Se podría considerar que la deuda se ha extinguido con la Ley de la Segunda Oportunidad también para el cónyuge que ha asumido la deuda, pero
       
      Bienes en común. En relación a los bienes en común, si se han repartido ya tras el divorcio, habiéndose liquidado para hacer efectivo el reparto de los mismos entre los cónyuges divorciados, ello impide que el perdón del concursado se extienda al otro deudor solidario, quien deberá responder por toda la deuda con sus bienes. Sin embargo, esos bienes comunes quedarán a salvo de responder por las deudas siempre que no se hayan liquidado o repartido, siendo por tanto extensivos los efectos sobre el perdón de la deuda del concursado al otro cónyuge, incluso en el caso de estar divorciados y disuelto el matrimonio, pero con los bienes comunes pendientes de reparto. Sin embargo, el acreedor podrá dirigirse contra los bienes privativos del cónyuge no concursado por sus propias deudas. En el caso de que las deudas fueran solidarias, no puede nacer un derecho de repetición de las mismas contra del deudor concursado para el caso de que el deudor solidario, fiador o avalista, pagara la deuda.

      ¿Se enterará mi ex-pareja?
       
      Depende. Si no hay bienes en común, es posible que la ex pareja no llegue a tener conocimiento del proceso dado que no tiene por qué afectarle. Sin embargo, si hay bienes en común, es muy posible que termine enterándose de que el otro copropietario se ha acogido a la Ley de la Segunda Oportunidad, dado que si finalmente la mitad indivisa del deudor debe venderse, se le ofrecerá la compra de esa parte al copropietario.
      Hay que tener en cuenta que si el copropietario que no es deudor no compra la parte de la propiedad del deudor, puede comprarla un tercero y luego solicitar la división de la cosa común. El Código Civil establece que nadie está obligado a permanecer en la comunidad de bienes, por lo que si un tercero comparte por ejemplo la mitad de la propiedad de la vivienda con nosotros por haberla comprado al deudor para saldar deudas, ese tercero puede obligar a vender la parte al ex-cónyuge no deudor incluso judicialmente si no compra la parte adquirida por el tercero.

      Divorcio y la Ley de la segunda oportunidad.

      Efectivamente, ni la Ley de la Segunda Oportunidad es un impedimento para separarse o divorciarse, ni separarse o divorciarse ha de ser un impedimento para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. 
       

      Es común que las relaciones sentimentales empeoren e incluso lleguen a romperse por los problemas económicos o financieros. En un proceso de divorcio, donde a las dificultades emocionales se les añaden además dificultades económicas, conviene poder centrarse en el bienestar emocional sin dejar de lado la organización de los problemas financieros. Sin embargo, tener que gestionar ambos aspectos a la vez, se hace complicado, en especial cuando se carece del ánimo y de la información adecuados.

       

      Conviene por ello, dejar en manos de profesionales la gestión de las deudas, dado que con un adecuado asesoramiento, el pronóstico que existe sobre la solución de este tipo de problemas, es por regla general, muy favorable.

      Consecuencias del divorcio en la Ley de la segunda oportunidad.

      Existen innumerables supuestos y alternativas en el tratamiento legal de las deudas comunes de un matrimonio en proceso de separación o divorcio. Añadir el trámite de la Ley de la Segunda Oportunidad para que se acoja uno, otro o los dos cónyuges en proceso de divorcio a la vez, añade mayor complejidad a la situación, lo que hace extremadamente recomendable el asesoramiento adecuado para poder plantear la mejor estrategia posible. Cualquiera de las estrategias diseñadas, puede beneficiar a uno solo de los cónyuges, al otro o a ambos a la vez.
       
      Plantearemos algunos de los supuestos más comunes y las soluciones más adecuadas para gestionar de la forma más adecuada sus deudas a través de la Ley de la Segunda Oportunidad en un proceso de divorcio o separación.